Asistencia sanitaria universal: rectificar es de sabios

  • 12/09/13
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Rocío Cardeñoso. Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria

Rocío Cardeñoso. Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria

Como enfermera siempre me he planteado metas algo utópicas, como aquellas que ya defendió Hipócrates y siguen vigentes en los códigos deontológicos de los que nos dedicamos a cuidar la salud de los demás. Ya en la Antigua Grecia se decía que en la conciencia de los profesionales sanitarios estaba el atender a todos los enfermos, sin excepción.

Me ha tocado vivir otra época mucho más avanzada en la que sociedades como la nuestra contemplan la atención sanitaria universal. Tanto es así, que el artículo 1 de la Constitución Española define nuestro país como un Estado democrático, social y de derecho, y el artículo 43.1 de la Ley de leyes proclama la existencia de un derecho a la asistencia sanitaria pública, universal y gratuita.

Sin embargo, desde hace un año las cosas han cambiado. Sólo en Cantabria hay unos 3600 inmigrantes en situación irregular que carecen de atención sanitaria, desde la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012 cuyo título es el siguiente: “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Parece que la crisis económica ha traído esta consecuencia, y otras muchas, que sufrimos todos los ciudadanos y que los enfermeros, como profesionales de la salud, intentamos paliar con nuestro esfuerzo diario, que sólo conseguimos mantener por conciencia y por tener claro que nuestra profesión ofrece un servicio social.

Pero yo me pregunto….¿cuánto ha ahorrado Cantabria con la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular?, ¿ha mejorado esta Comunidad gracias a eso la calidad asistencial en el último año?, y.... si no es asi ¿por qué no se deroga en Cantabria el Decreto Ley 16/2012 o la Comunidad se compromete, como Navarra y Galicia, ha ofrecer una sanidad universal?.

El colectivo que represento atraviesa en la actualidad situaciones de exceso de trabajo y, aun así, son muchos los enfermeros, según lo manifiestan en el Colegio, que estarían y de hecho están dispuestos a hacer un esfuerzo mayor por un derecho universal a la asistencia sanitaria, y también son numerosos aquellos que consideran que la situación es confusa porque creen que si “se atiende a todo el mundo” no debería seguir en vigor el Decreto. Por eso quiero dejar sobre la mesa esta reflexión humilde y humana dedicada a personas que se encuentran en situaciones extremas en países ajenos, y que quizá no vayan a un centro de salud porque no tienen medios económicos o por temor a la expulsión a sus lugares de origen, con mucha menos calidad de vida.

Un año después de la entrada en vigor del Decreto Ley me gustaría que el Gobierno hiciera un balance de la situación que diera a luz a una razón de peso por la que muchos vecinos extranjeros no tienen los mismos derechos que los españoles si no cotizan a la Seguridad Social, sobre todo teniendo en cuenta que están deseando hacerlo y no pueden por la enorme dificultad de acceder a un puesto de trabajo.

Por lo tanto, me sumo a la opinión de organizaciones como Amnistía Internacional, que ha denunciado que el Decreto Ley se ha implantado en "máximos" en Cantabria, y reclama para los inmigrantes en situación irregular una Atención Primaria, sin que tengan que "colapsar" las urgencias. La ONG también ha calificado la situación sanitaria en España de "confusa" y "caótica", con 873.000 tarjetas sanitarias retiradas desde la aplicación de la Ley, de 3.500 a 3.800 en Cantabria, una comunidad en la que "no se han dado instrucciones de actuación a todos los centros", y en la que en algunos "se atiende sin problemas", en otros "se exige un pago o no se les atiende o se les remite a urgencias".

En julio de 2012 Amnistía Internacional recogió 60.000 firmas para derogar el Decreto y creó la plataforma “Ciudadanía Contra la Exclusión Sanitaria”, con la mía ya tienen 60.001 y con las de muchos de mis compañeros aún más.

Desde el Colegio nos hemos posicionado siempre en contra de este Decreto y un año después de su entrada en vigor le pedimos a nuestra Consejera que reconsidere la situación, ya que hay razones y motivos suficientes para hacerlo.

Como profesionales de la salud queremos que la situación cambie, lo pedimos públicamente porque es nuestro deber actuar en aras de la sanidad universal, y tenemos muchas esperanzas de conseguir nuestro propósito porque sabemos que la consejera lo está estudiando y se ha planteando que Cantabria, como otras comunidades, apueste por una sanidad para todos.

 

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