El Gobierno de Cantabria recurre ante el Supremo el Decreto Ley de Prescripción Enfermera

  • 28/04/16
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La Junta de Gobierno muestra su satisfacción porque considera que es una muestra más de apoyo al colectivo enfermero

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria ha recurrido ante el Tribunal Supremo  el Deceto Ley 954/2015 sobre Prescripción Enfermera aprobado el pasado 23 de diciembre en Consejo de Ministros. Lo ha hecho porque no está de acuerdo con el párrafo, cambiado a última hora,  que  recoge  expresamente que los enfermeros no pueden recetar algunos  medicamentos,   práctica habitual  de los profesionales que hasta la aprobación del Decreto se hacía de forma “alegal” pero desde su entrada en vigor no puede  hacerse.

 

Tras la aprobación del polémico texto, el Colegio de Enfermería de Cantabria  y el sindicato SATSE se reunieron  con la titular regional de Sanidad, María Luisa Real,  y  desde el primer momento  mostró su total desacuerdo  con el contenido del RD   que aborda la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los profesionales de Enfermería,  pero desde ayer el Boletín Oficial del Estado publica el recurso de la Consejería ante el Supremo  y abre un plazo de nueve días para que los interesados se personen en el proceso, al igual que hizo el Consejo General de Enfermería el pasado mes de enero.

 

Y es que este cambio normativo no solo no regula la práctica asistencial que de forma alegal realizan los enfermeros,  sino que prohíbe la indicación de medicamentos por parte de este colectivo. Concretamente especifica que, salvo para dispensación de productos sanitarios (vendas, pañales, sondas...) y fármacos de venta libre, cada paciente necesitará una prescripción individualizada de su médico. Eso implica, por ejemplo, que, si se aplicara a rajatabla el Decreto, las enfermeras no podrían administrar vacunas o decidir sobre una cura sin que lo autorizase el facultativo.

 

Para  María Luisa Real la nueva normativa responde a una  "irresponsable decisión que puede originar una crisis en la estructura organizativa asistencial con el riesgo de paralización del sistema que solo puede ser paliada por el sentido de responsabilidad del colectivo enfermero, no responde  a los criterios generales presentados al Consejo Interterritorial y contraviene lo aprobado por unanimidad en las Cortes Generales en la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios en 2009”.

 



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