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El futuro de la dependencia pasa por la prevención y un mejor control de los casos

  • 09/12/11
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Las enfermeras debemos postularnos para garantizar el futuro de las políticas asistenciales

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) acaba de anunciar que para 2012 pretende aumentar en un 20% el número de personas dependientes atendidas, con la intención de alcanzar el objetivo de que sean 20.000 el número de casos que cuenten con un Plan Individualizado de Atención (PIA).

Como presidenta del Colegio de Enfermería y como profesional que desarrolla su labor en un centro de Atención Primaria rural, quiero mostrar mi agradecimiento por el esfuerzo que están realizando los Gobiernos para conseguir que todas las personas dependientes vean reconocidos sus derechos y reciban la atención que precisan, ya que somos los profesionales sanitarios los que mejor conocemos los padecimientos y necesidades que sufren las personas que, por su edad o alguna enfermedad, no pueden desarrollar su vida de forma independiente.

Por ese motivo, me atrevo ahora a reclamar el desarrollo del artículo 21 de la Ley de Dependencia que establece que se debe “desarrollar un plan de prevención o agravamiento de la situación de dependencia para prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos”.

Hace un tiempo, el presidente de la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) decía que el 60% de las personas dependientes padecen esta enfermedad y solicitaba que se llevase a cabo “una revisión en profundidad del baremo de valoración de dependencia, dando una mayor dimensión a los factores no estrictamente físicos e incorporando aquellos vinculados con las demencias que permitan establecer el nivel de consciencia con el que las personas con demencia realizan las actividades básicas de la vida diaria”.

También pedía que “los equipos de valoración sean multidisciplinares y con una formación específica que les capacite para realizar la valoración de las personas afectadas por Alzheimer u otras demencias, así como para el control de su evolución y cuidados”, y añadía que “muchos errores se producen por falta de capacitación de los profesionales y de que no se produzcan las revisiones periódicas necesarias para estudiar la evolución de los casos”. Al tiempo, solicitaba la revisión trimestral como establece el programa de atención al paciente inmovilizado.

Coincido con él en la necesidad de que las valoraciones sean multidisciplinares y creo que hay que realizarlas de forma integral a las personas y a su entorno social, y para ello es necesario que cada profesional del equipo de atención primaria estudie la parte para la que esté acreditado en base a su cuerpo de conocimiento y disciplina profesional.

La Ley establece que será el Consejo Interterritorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia –creado a raíz de la aprobación de la Ley– el que fijará los criterios, recomendaciones y condiciones mínimas de los Planes de Prevención de las Situaciones de Dependencia que elaboren las Autonomías, haciendo incidencia en los riesgos y actuaciones para las personas mayores.

Prevenir es siempre lo más eficaz, por calidad de vida para las personas y por rentabilidad económica. Por eso, es imperioso desarrollar un plan para la promoción de la salud y prevención de la dependencia y ahora es el momento de realizarlo, ya que hay datos que permiten conocer las características epidemiológicas de los casos y, en base a ellos, diseñar los planes de salud adecuados.

Estos argumentos, añadidos al criterio claro de que la situación económica impide incrementar los presupuestos destinados a la atención a estos pacientes, me permiten señalar a los enfermeros como los profesionales más apropiados para llevar a cabo esa labor sin costes adicionales, pues cumplimos todos los criterios que se demandan para llevar a cabo eficazmente el desarrollo de la Ley. Tenemos la formación específica necesaria para valorar si un paciente es dependiente, estamos capacitados para revisar su evolución –de hecho, lo hacemos en nuestras constantes visitas domiciliarias que realizamos a estos pacientes– y desarrollamos los planes de cuidados individualizados necesarios para cubrir las necesidades y establecer las actividades enfermeras encaminadas a la prevención del agravamiento de su situación.

Simplemente, me queda señalar que la labor ya está hecha pues, desde que se puso en marcha la Atención Primaria de Salud hace 30 años, las enfermeras comunitarias venimos atendiendo de manera programada y sistemática a las personas dependientes y a sus cuidadores. Por tanto, solo sería necesario unificar la información que recogemos en nuestro trabajo –que ya figura en las historias de estos pacientes– con los informes que elabora el personal del ICASS, realizando valoraciones conjuntas y periódicas que permitirían que la atención a la dependencia fuese más extensa, efectiva, ajustada a la realidad y, a la larga, también sostenible, al conseguir una mejor rentabilización de los recursos humanos y materiales.

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