Pacto por la Sanidad

  • 25/07/11
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Hace mucho venimos escuchando a los políticos la palabra PACTO –Pacto por la educación, Pacto para la lucha antiterrorista, Pacto por las pensiones, etc.– y, ahora, también les escuchamos hablar de Pacto por la Sanidad.

Hace mucho venimos escuchando a los políticos la palabra PACTO –Pacto por la educación, Pacto para la lucha antiterrorista, Pacto por las pensiones, etc.– y, ahora, también les escuchamos hablar de Pacto por la Sanidad.

Del latín ‘pactum’, la palabra pacto significa acuerdo, convenio, concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir con lo estipulado. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos establecidos; por lo tanto, obliga a su cumplimiento.

Si analizamos, por ejemplo, el ‘pacto social’, señalaríamos que es el acuerdo que adquiere un estado en relación a los derechos y deberes de sus ciudadanos. Se parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato o pacto social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes, a las que se someten. El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social.

Sin duda, es fundamental garantizar los derechos básicos de los ciudadanos a través de pactos políticos que permitan la gobernabilidad a largo plazo y que la decisiones políticas se tomen con seguridad y compromiso hacia la sociedad y no condicionada por los posibles cambios políticos cada cuatro años. Además, se evitaría poner en marcha medidas intervencionistas que, desde luego, garantizan resultados electorales a corto plazo pero que, sin duda, impiden decisiones de proyección a largo plazo, más consistentes y sólidas para la ciudadanía.

Este es el argumento que nos sirve para sostener el término ‘pacto’ como pilar para solicitar un acuerdo sanitario-social.

En Cantabria empezamos una nueva etapa política, con una situación económica por todos conocida, en la que nuestros dirigentes deben establecer un sistema de priorización eficaz en sus políticas de intervención. Sin duda, las políticas sanitarias y sociales deben ser uno de los grandes retos de esta nueva etapa política, por la importancia que tiene para los ciudadanos y por tratarse de servicios públicos que absorben un elevado presupuesto de la comunidad.

Estamos en el momento donde se deben plantear cambios y alcanzar acuerdos en el modelo de gestión de la sanidad y de los asuntos sociales, en todos los ámbitos sociosanitarios de la región. Y es ahora cuando los profesionales de enfermería debemos participar en estas políticas de pactos y tenemos que liderar cambios básicos en las organizaciones asistenciales. Un ejemplo de ello, es la incorporación de la enfermera especialista, con más competencias y capacidad de resolución y autonomía profesional, que tiene que marcar un nuevo modelo de organización de la asistencia dentro de los servicios de salud.

Además, los hipotéticos ‘pactos’ deben propiciar un cambio de modelo y de concepto de asistencia, en el que se incorpore la participación activa de la ciudadanía como actora fundamental del cambio, estableciendo modelos asistenciales que, situando al ciudadano como centro, establezca medidas que permitan hacer a las personas más autónomas en el manejo de su salud, ayude a establecer medidas de prevención que ayuden a disminuir a largo plazo la incidencia de las enfermedades crónicas y permita educar a la población y controlar a los pacientes crónicos con medidas de autocuidado.

Sin duda, estas necesarias políticas de salud requieren de un pacto político pues, aunque su puesta en marcha sea inminente, sus resultados nunca se van a hacer efectivos en cuatro años. Pero entiendo que son imprescindibles como garantía de la sostenibilidad futura de nuestro sistema sanitario.


Rocío Cardeñoso Herrero.

Presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria

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